El Parlamento de Cataluña aprueba por unanimidad la Ley del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial

“Un paso notable, pero no suficiente”, para la garantía del derecho a la vivienda.

El pasado 22 de diciembre, durante el pleno del Parlamento de Cataluña, se aprobó por unanimidad una nueva ley que da un paso adelante en la problemática de la vivienda y la pobreza energética. El 2015 ya se aprobaron una serie de artículos donde se plasmaban medidas urgentes para mitigar el desamparo de todos aquellos que no pueden hacerse cargo de obtener y mantener una vivienda con el objetivo de garantizar este derecho.

Esta nueva ley tiene como objetivo proteger a las personas y familias en situación de exclusión residencial como consecuencia del sobreendeudamiento. Además, se crea la Comisión de Vivienda y Asistencia para situaciones de Emergencia para coordinar las actuaciones de las diversas administraciones públicas catalanas para que puedan adoptar fórmulas de mediación, expropiar temporalmente viviendas vacías y ayudar económicamente a los afectados o realojarlos.

El presidente de la Mesa del Tercer Sector, institución que representa un conjunto de más de 3.000 entidades sociales catalanas, Oriol Isla manifestaba al respecto que “Es útil y necesaria la ley pero solicito a las administraciones que garanticen el derecho a la vivienda enfrente las arbitrariedades y caprichos del mercado”.

Así pues, esta nueva ley busca resolver la deuda de las familias con sobreendeudamiento, llegando a un acuerdo voluntario entre las entidades financieras y las familias; una regulación del alquiler social obligatorio y la prohibición de desahucios que afectará a muy pocos propietarios y la cesión obligatoria de pisos vacíos, que aumentará el parque público con una expropiación temporal de entre 4 y 10 años por causas de interés social de todos aquellos pisos que consten en el registro de viviendas vacías y viviendas ocupadas sin título habilitado. Se hará una transferencia a todo aquel propietario de viviends vacías pues será la administración quien lo tendrá que pagar. Por otro lado, no queda definida la problemática de los alquileres abusivos que también se planteaba la ley que prevé adoptar medidas que contribuyan a evitar incrementos de las rentas que se puedan considerar desproporcionadas.

No obstante el buen propósito de la ley, esta puede provocar grandes controversias en cuanto a su aplicabilidad. El mercado de la vivienda es poco elástico a corto plazo y la oferta de viviendas se mantiene bastante constante por lo tanto la nueva edificación de pisos de ámbito social puede ser lenta y con costes económicos elevados.

La posibilidad de la expropiación temporal y la ocupación de pisos vacíos u ocupados sin título habilitado pueden generar controversias e incertidumbre entre los propietarios.

Las familias sobreendeudadas seguirán teniendo esta deuda que recaerá sobre suyo salvo que puedan llegar a un acuerdo con la entidad acreedora. Cierto es que podrán contar con subvenciones y ayudas del sector público pero esta ayuda puede aún así ser contraproducente. Los propietarios de los pisos que ya se han citado a lo largo del artículo podrán aumentar el precio de la vivienda de manera proporcional a la ayuda no solucionando el endeudamiento y encima haciendo aumentar el precio de una vivienda siguiendo prácticas arbitrarias.

Estas y otras muchas problemáticas se originan cuando analizamos algo más a fondo la nueva ley aprobada. Habrá que observar cómo va evolucionando la propuesta para determinar si ha sido una buena política pública o no. Pero una cosa si está clara, la vivienda todavía no es un derecho universal. La lucha contra la pobreza es de todos, una batalla constante. Ciudadanos y gobernantes tenemos que actuar de manera conjunta para hacer frente a la problemática y conseguir que todos podamos disfrutar de un bien tan indispensable como es la vivienda.

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