¿La luz un bien privado a la altura de pocos?

España, el cuarto país en gasto energético más caro de toda Europa.

Los pasado días 3 y 4 de Noviembre de 2016 se celebró el 1er Congreso Catalán sobre la Pobreza Energética en Sabadell. Fueron 18 retos y 8 dilemas los que se pusieron sobre la mesa con la participación de más de 350 profesionales en la materia. Por interés del lector, algunos de estos retos son la creación de un diagnóstico local de pobreza energética, como vincular esta con la salud a políticas públicas y programas de intervención, cuáles serían los más óptimos, propuestas para hacer más accesible la vivienda a las familias, controles y regulaciones precisas para una mayor eficiencia, el tipo de financiación y ayudas, entre otros.

Para comprender un poco el dilema planteado, en los municipios de Barcelona ha incrementado actualmente un 73% las ayudas a ciudadanos para atender la demanda de suministros. Son cada vez más las familias que están en situación de vulnerabilidad y obligadas a vivir en situaciones nefastas cuando se podrían mitigar y evitar en casos extremos pérdidas en vidas humanas. Las empresas suministradoras no tienen en cuenta los entes locales ni las entidades sociales que están en contacto directo con las familias. Además, el Tribunal Supremo ha rechazado por segunda vez la norma que regula el “bono social eléctrico”, que implica una reducción del 25% en la tarifa eléctrica que pagan 2,4 millones de consumidores; principalmente jubilados y hogares con renta baja.

El coste del bono iba a cuenta de las empresas eléctricas y el TS dictaminó que el modo de financiación es discriminatorio y poco claro. Haciendo así que el coste de dicha subvención recaiga directa o indirectamente en los recibos de los consumidores.

En el plano político, Podemos, con una postura firme y contundente, ha llevado el tema a Bruselas reclamando a la Comisión Europea una alternativa al bono social. La alcaldesa de Barcelona, ​​Ada Colau, dijo lo siguiente: “Se debe obligar a las compañías que están traficando y especulando con bienes de primera necesidad a que no hagan cortes en el suministro hasta que constaten que hay una situación de vulnerabilidad”. Asimismo, se hizo relevancia de la normativa europea relativa al mercado interno de la electricidad y el gas, exigiendo al Estado de no suspender la normativa a favor de la lucha contra la pobreza energética.

Por otro lado, las compañías eléctricas han manifestado que el bono social debe beneficiar exclusivamente a los colectivos que realmente lo necesiten y piden que en la nueva regulación se establezcan criterios de renda, en torno a los 10.000 euros al año, para poder ser beneficiarios de tal ayuda.

Desde la OCUC, ante la pésima regulación del sector eléctrico y en vista de la urgente necesidad de convertir este bono social una realidad, es obvio la necesidad de una reforma como la industria eléctrica ha presentado en su momento y otros sectores y colectivos implicados. No obstante, regular esta ayuda mediante umbral de renda favorecería a una exclusión masiva de familias que lo pudieran necesitar. ¿Dónde ponemos el límite en función de la necesidad real de los hogares?, ¿A pesar de tener una renta superior a la llamada ya no está en riesgo de pobreza energética?, ¿Es un umbral en función de cada individuo del hogar, la familia?, ¿Ayudará a los 2,4 millones de familias necesitadas o serán bastantes menos? Es un tema de mucha controversia. Asimismo, durante esta incertidumbre hay familias que siguen viviendo en condiciones inaceptables.

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