Las modificaciones en los contratos de arrendamientos

businessmen hold house model in hand

El Observatorio Metropolitano de la Vivienda ha presentado el segundo informe anual de la vivienda de Barcelona y del área metropolitana en que los datos muestran la dificultad de la población tener acceso  a un inmueble tanto de alquiler como de compra.

Desde L’OCUC os queremos recordar en qué estado se encuentra este sector después de la aprobación el 1 de marzo de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos). Una de las principales novedades es la relativa a la duración de los contratos dado que se podrá alargar hasta cinco años en el caso de personas físicas y hasta siete años en el caso de personas jurídicas.

La nueva regulación también establece que, a partir de su entrada en vigor, en caso de que el propietario quiera rescindir el contrato de alquiler deberá avisar al arrendatario con un mínimo de cuatro meses de antelación y que, asimismo, este último deberá comunicar al propietario que quiere abandonar la vivienda dos meses antes.

Si ninguna de las dos partes no dice nada, se prorrogará obligatoriamente el contrato por plazos anuales hasta tres años más.

La norma referida no tiene carácter retroactivo, y por lo tanto, sólo tiene efectos sobre los contratos firmados a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, si ambas partes lo aceptan, los contratos vigentes también se podrán adaptar.

Respecto a la posibilidad de incrementar el precio del alquiler, se dispone que entre la firma del contrato y la fecha de finalización, el propietario sólo podría aplicar al precio del alquiler el incremento del IPC, de forma que no se puedan producir subidas abusivas.En cuanto al número de mensualidades que se nos pueden pedir en concepto de fianza, el propietario sólo podrá exigir hasta dos mensualidades más como fianza.

Por último, en materia de desahucios, el decreto alarga, por una parte, hasta tres meses el atraso de los desahucios en los casos en caso de situación de vulnerabilidad de la persona demandada si el propietario de la vivienda es una empresa. Y, por otra parte, pone fin a los desahucios abiertos, es decir, aquellos en los que la policía se presenta para desalojar a los inquilinos sin fijar día y hora.

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