Sentencia 1505/2018 del Tribunal Supremo

SENTENCIA 1505/2018 DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE A QUIEN CORRESPONDE EL PAGO DEL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (AJD) EN LAS HIPOTECAS: ¿Qué sucede después de la sentencia y la posterior nota informativa que deja al aire los efectos de la misma?

El pasado 18 de octubre se notificó la Sentencia donde la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaró que el responsable de satisfacer el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas correspondía a los bancos, quitando así el peso a los consumidores que, hasta ahora, eran los que tenían que hacer cargo.

Esta era una buena noticia para los consumidores, ya que el tribunal tenía en cuenta que el interesado para inscribir un préstamo con escritura pública es el banco y que, por tanto, debe ser éste quien pague el impuesto.

Sin embargo, la sentencia no aclaraba qué pasaba con las hipotecas ya constituidas. Lo que estaba claro es que el criterio se aplicaría en las futuras hipotecas y en los casos en que se hubiera pagado el impuesto en los últimos 4 años, teniendo en cuenta el plazo de prescripción del pago de los impuestos.

Sorprendentemente, un día después de salir la sentencia, el Presidente de la Sala, ha hecho una nota informativa en la que determina que sea el Pleno de la Sala quien decida si acepta la sentencia dictada y, por tanto, si finalmente, es el banco quien debe hacerse cargo del impuesto y, de ser, aclarar su retroactividad. Asimismo, también señala que deja sin efectos todos los recursos pendientes sobre la cuestión. La decisión ha sido justificada alegando “el giro radical en el criterio jurisprudencial” y “la enorme repercusión económica y social de la sentencia”.

¿Y ahora qué? De momento, hay que esperar a la decisión del Pleno que se ha concretado el día 5 de noviembre. Asimismo, de acuerdo con la nota informativa del Presidente del Tribunal Supremo del día 22 de octubre, la sentencia es firme y produce efectos sobre las partes del litigio y la anulación del artículo 68 2º párrafo del Reglamento del AJD que determinaba como sujeto pasivo del impuesto al consumidor.

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