El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 propone tres medidas para acabar con las llamadas comerciales no solicitadas, reforzando la protección de la ciudadanía y limitando estas prácticas intrusivas
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado un cambio normativo en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) para acabar con las llamadas comerciales masivas no deseadas a los teléfonos móviles y fijos. Se trata de una iniciativa largamente reclamada por las organizaciones de consumidores y que pretende reducir la presión publicitaria abusiva y preservar la privacidad de la ciudadanía.
En primer lugar, el gobierno obligará a las empresas a identificar todas las llamadas comerciales con un prefijo específico y claramente visible para la persona receptora, diferenciado de los números habituales de contacto con los consumidores. Si estas llamadas no llevan el prefijo correspondiente, las operadoras estarán obligadas a bloquearlas. Sin embargo, para hacerlo posible, será necesario que el Gobierno adapte antes el Plan Nacional de Numeración para facilitar la identificación, tal y como recoge la enmienda presentada.
En segundo lugar, se declararán nulos los contratos suscritos a través de estas prácticas. También se incluye la obligación por parte de las empresas de renovar cada dos años el consentimiento de los usuarios para recibir llamadas comerciales.
Por último, se prevé limitar el horario de las llamadas comerciales autorizadas y prohibirlas de forma total a personas inscritas en la Lista Robinson, que protege a quien expresamente rechaza comunicaciones publicitarias. También se reforzarán los controles y sanciones a las empresas que incumplan estas normas.
Estas medidas, que se aprobarán en las próximas semanas, tienen como objetivo mejorar la protección de la ciudadanía frente a prácticas comerciales abusivas e intrusivas.