Solo en 2021, los hogares españoles tiraron a la basura 1.245 millones de kilos de comida, según un estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pero, si se incluye todo el sector, el desperdicio alimentario asciende a 7,7 millones de toneladas de alimentos.
Estas cifras ponen de manifiesto el enorme impacto del desperdicio alimentario y la ineficiencia a lo largo de la cadena de suministro alimentaria.
Las consecuencias van más allá del impacto económico inmediato, con cada alimento que se desperdicia se malgastan horas de trabajo y recursos naturales para producirlos, como el agua, la energía o el suelo.
Esta situación se produce en un contexto en el que 6 millones de ciudadanos en España padecen inseguridad alimentaria, no pueden acceder a una dieta que garantice sus necesidades nutricionales de forma regular.
A partir de este contexto, se crea la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, normativa que busca reducir el desperdicio de alimentos a través de medidas como la donación de alimentos no comercializables, la mejora de la eficiencia en la cadena de suministro alimentaria y la creación de programas para el reciclaje de alimentos no comercializables.
Actualmente, esta ley se encuentra en trámite parlamentario y su aprobación está prevista para mediados de este 2023.
Con esta ley, nuestro país avanza con su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030. Se pretende reducir un 50% los residuos alimentarios por cápita en los hogares y la hostelería, y reducir un 20% las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro.