El pasado jueves, la Comisión Europea aprobó la excepción ibérico para rebajar la factura de la luz en España y Portugal. Se espera que esta decisión signifique un avance para cambiar el mecanismo de formación de precios que existe en la actualidad en España. Asimismo, se prevé que los consumidores empiecen a notar las reducciones en la factura a partir del 15 de junio.
Sin embargo, las medidas aplicadas por el Gobierno no serán suficientes para paliar la inflación que sigue en alza. Los elevados precios de la factura de la luz afectan a todos los consumidores y consumidoras, pero sobre todo a las personas más vulnerables. Este mecanismo no supondrá una rebaja sustancial del precio de la electricidad, más allá del ahorro del 15% ya anunciado.
Cabe remarcar que es una medida de carácter temporal, con un efecto limitado. Aunque es un paso adelante hacia el cambio, la Unión Europea sigue avanzando en la interconexión y el mercado único de la energía.
El sistema de fijación de precios actual fue ideado para un sistema de producción fósil, pero es posible que esté llegando a su fin. La transición energética nos dirige hacia otras formas más limpias de generar energía, y un sistema basado en otro tipo de producción de energía comienza a quedar obsoleto.
La escalada de precios, entre otras causas, fue posible porque el sistema eléctrico vigente legitima las actuaciones abusivas contra los consumidores. Estos se ven altamente afectados por lo que constituye una porción minoritaria de la energía que se consume en España. Si se quiere persistir en la producción de energías renovables, para alcanzar los objetivos climáticos, no es viable que el precio de la electricidad siga siendo determinado por las energías fósiles, como el gas.