Los estudios recientes que se han hecho en Cataluña y España parten de considerar que un hogar está en situación de pobreza energética cuando:
- Es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas (especialmente de calefacción en invierno -18 °C-).
- Se ve obligada a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda.
Con todo, todavía no hay un consenso sobre cómo valorar la pobreza energética. De hecho, se observa como países con definiciones estáticas asociadas a niveles de ingresos las están revisando.
La raíz del problema de la pobreza energética se constituye por:
- Un injustificado alto precio de la energía (precio que no responde a su realidad de costes, considerado como un producto de lujo cuando se trata de un servicio esencial y un derecho instrumental a otros derechos fundamentales).
- La mala calidad de la edificación (ineficiencia energética del parque inmobiliario), barrera además insuperable en el caso de la población que vive en situación de pobreza energética, ya que suelen vivir en régimen de alquiler sin acceso a medidas de rehabilitación.
- Las bajas rentas de una gran parte de la población.
La sociedad civil no es culpable de sufrir pobreza energética, sino víctima del modelo: el problema está en asumir la energía como un producto financiero y no como un derecho.
Con la actual crisis de precios energéticos, para no dejar a nadie atrás es necesario considerar legislativamente el suministro de energía como un derecho y garantizar el acceso universal a este suministro básico, que permite unas condiciones de vida dignas según los estándares actuales.
Debe garantizarse el derecho a la energía limpia para las personas más vulnerables, la prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas, y medidas para asegurar la eficiencia energética y contra la concentración de poder de los oligopolios.
La inversión pública y local y el impulso al autoconsumo, tanto individual como colectivo, y las comunidades energéticas deben ser prioritarias para reducir la pobreza energética y facilitar la soberanía energética a la sociedad.